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General Motors cesa operaciones en Venezuela

En Industria | Jueves, 20 de Abril 2017

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Luego que el gobierno local confiscara la planta de Valencia por una orden judicial, el fabricante decide suspender operaciones en aquel país.  
 

Por José Virgilio Ordaz (@Neckriagen).

 

El martes pasado, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción del estado Zulia decretó el embargo de la fábrica y las oficinas de General Motors en la ciudad de Valencia, ubicada en el estado de Carabobo, a unos 150 kilómetros al oeste de Caracas. Las instalaciones fueron ocupadas desde este miércoles por fuerzas públicas, mientras que varios activos, como automóviles, fueron retirados de las instalaciones, lo que GM señala que se realizó de manera ilegal.

 

 

Otrora el fabricante de autos más grande de aquel país, la crisis económica que vive Venezuela había golpeado tanto las ventas como la producción de autos en años recientes. General Motors había dejado de producir vehículos desde diciembre de 2015 en la planta de Valencia (con una capacidad de 45,000 unidades anuales) al no poder adquirir insumos por falta de divisas y ante el bloqueo para repatriar sus ganancias.

 

El hecho se suscitó luego que las autoridades fallaran a favor de un exconcesionario de Chevrolet en Maracaibo, que entabló una demanda desde hace 17 años (2000), luego que su contrato de cesión fuera rescindido por “desempeño ineficiente”, sin embargo, las autoridades locales señalaron que esto “carece de toda sustancia”, por lo que decretaron un embargo de activos por un valor de 476,000 millones de bolívares, equivalentes a unos 4,800 millones de dólares según el cambio oficial, o unos 106 millones de dólares según cotizaciones paralelas (el gobierno venezolano mantiene una paridad artificial de su moneda).

 

General Motors de Venezuela (GMV) indicó que dicha suma “excede toda lógica”, por lo que inmovilizaría las actividades de la filial de forma permanente. “El embargo es improcedente, absurdo, fuera de la lógica jurídica y del debido proceso”, puntualizaron. General Motors había rechazado en meses anteriores un plan de comercialización con pagos mixtos en bolívares venezolanos y dólares estadounidenses, lo que congeló su producción. Las divisiones locales de Toyota y Ford se adhirieron a dicho plan, sin buenos resultados.

 

GMV alcanzó en febrero pasado un acuerdo con los sindicatos locales para reincorporar a 118 trabajadores que habían sido despedidos. La gerencia había solicitado al personal, proveedores, concesionarios y operadores externos abstenerse de reiniciar operaciones hasta revertir su situación, pues tomarían “todas las medidas judiciales a su alcance con el fin de proteger los derechos de sus trabajadores y sus bienes”, aduciendo que el embargo causaría daños irreparables a la empresa, sus 2,678 empleados, 79 concesionarios y diversos proveedores.

 

Sin embargo, este jueves GMV anuncia el cese de sus operaciones en aquel país, donde inició actividades en 1948. Sin embargo, el consorcio asegura que seguirá ofreciendo servicio postventa y de refacciones y que liquidará a sus trabajadores de acuerdo a la legislación local. Los sindicatos implicados aprobaron en asamblea ocupar las instalaciones hasta que sean liquidados.

 

Este caso se suma a más de 20 demandas de arbitraje a causa de nacionalizaciones de bienes de empresas extranjeras en Venezuela, cuya crisis económica ha generado movilizaciones a favor y en contra del actual gobierno encabezado por Nicolás Maduro, con un saldo de dos muertos en días recientes.

 

 

 

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