Por José Virgilio Ordaz (@Neckriagen).
Tras un agrio intento por “generar” empleos presionando a las empresas automotrices, estadounidenses y extranjeras, a cerrar operaciones en otros países, principalmente México, para trasladarlas a la Unión Americana, ahora la administración Trump ocasiona la pérdida de al menos 168 empleos directos.
El gobierno encabezado por el magnate propone una reducción del 31% del presupuesto a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), que concretamente reducirán un 99% del financiamiento para los laboratorios encargados de realizar pruebas de emisiones y consumo de combustible en los vehículos vendidos en aquella nación, pruebas que de no aprobarse, frenaban la comercialización de los modelos afectados.
Fueron dichas pruebas las que descubrieron hace casi dos años el software trampeado del caso Dieselgate, lo que ocasionó que no sólo el consorcio detuviera la venta de vehículos a diésel, sino que acarreó multas y pagos compensatorios para los consumidores y los gobiernos locales. La agencia también ha multado a Kia y Hyundai por minimizar sus cifras de consumo, así como a Fiat-Chrysler por software no declarado para controlar emisiones.
El recorte de 48 millones de dólares implica el cierre de los laboratorios de pruebas, la eliminación de más de 50 programas anticontaminantes y la pérdida de más de la mitad del personal de la EPA, 168 de 304 empleados a tiempo completo, de acuerdo con Margo Oge, directora de la oficina de transporte y calidad del aire de la EPA durante la pasada administración de Barack Obama. Janet McCabe, exfuncionaria de la agencia, señaló que estas medidas dejan en desventaja a las compañías que sí se preocupan por cumplir con las normas ambientales.
John Konkus, portavoz de la actual administración de la EPA, , señaló que “sabemos que podemos servir efectivamente a los contribuyentes y proteger el medio ambiente, mientras que muchos en Washington insisten en un mayor gasto, la EPA se centrará en generar mayor valor y resultados reales”, aunque evitó responder si los recortes podrían afectar las pruebas de certificación de vehículos.
Gloria Bergquist, portavoz de la alianza de fabricantes de automóviles, indicó que las marcas están preocupadas por el posible retraso para la certificación de nuevos vehículos, lo que retrasaría que nuevos productos lleguen a los consumidores.
De frenarse este tipo de investigaciones y pruebas, se deja tanto a los propietarios de autos como a los ciudadanos en general –al final todos tienen que respirar-, a la buena fe de las empresas automotrices. El actual presidente también revisará los rigurosos estándares de consumo de combustible.
La administración de Donald Trump señala que en mayo presentará un plan detallado del presupuesto, donde tratará de aumentar “los costos de la industria” para pagar algunas pruebas de la EPA, quizá aplicando los tan cacareados impuestos por importación.